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La CDPD: un modelo para todos los esfuerzos destinados a avanzar nuestros derechos

2018-06-11

En primer lugar quisiera agradecer la invitación a participar de la apertura de este foro que, en un esfuerzo conjunto entre la sociedad civil y el Comité sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, se propone abordar un asunto de vital importancia: la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas.
 
Hace dos años, con ocasión de mi estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la participación en los asuntos públicos, tuve la oportunidad de abordar y desarrollar distintos aspectos relacionados con la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en la esfera pública.
 
Permítanme retomar algunas ideas de aquel informe.
 
En primer lugar, reiterar la importancia una participación auténtica y efectiva de las personas con discapacidad en la toma de decisiones. La participación permite la adopción de mejores decisiones y una mejor gobernanza. Las personas con discapacidad están en mejor posición que nadie para identificar las barreras que enfrentan y las acciones necesarias para eliminarlas. Por ello, pueden hacer una contribución importante en la formulación y ejecución de políticas, fomentando una mayor innovación y eficiencia, y reflejando mejor las distintas demandas de la población con discapacidad.
 
Un segundo aspecto importante que quisiera reiterar es la necesidad de contar con marcos legales e institucionales que aseguren la consulta y la colaboración activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Los Estados deben consultar y colaborar activamente con las personas con discapacidad en la elaboración de todas las leyes y políticas que les afecten directa e indirectamente, no solamente en la elaboración de leyes o programas específicos en materia de discapacidad.
 
Para ello, además de contar con mecanismos de consulta y participación accesibles, los Estados deben implementar recursos legales para impugnar las decisiones que se adopten sin ser consultadas con las personas con discapacidad y sus organizaciones. La consulta tiene que convertirse en un requisito de validez de las decisiones públicas.
 
Además, es importante tener en cuenta que el derecho a participar en los asuntos públicos transciende a la consulta en sí misma, y demanda la colaboración, el involucramiento y el compromiso con la sociedad civil por parte del Estado. Como propongo en mi informe, la transparencia, el respeto mutuo, el diálogo auténtico y el deseo sincero de alcanzar un consenso deben orientar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.
 
Una tercera idea que quisiera reiterar es la necesidad de que los Estados creen un marco normativo y de políticas propicio y favorable para la constitución y el funcionamiento de organizaciones de personas con discapacidad. Los procedimientos de registro inaccesibles, onerosos y burocráticos, que dificulten la obtención de la personería jurídica y el acceso a financiamiento deben revisarse.
 
Los Estados también deben abstenerse de obstruir indebidamente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación de las personas con discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad tienen derecho a llevar a cabo su labor sin que el Estado interfiera en sus decisiones y actividades. Son preocupantes las informaciones sobre represalias del Estado en forma de intimidación, restricciones, censura, recortes presupuestarios y límites a la obtención de financiación externa.
 
Asimismo, los Estados deben promover el empoderamiento de las personas con discapacidad y sus organizaciones, así como facilitar su acceso a fuentes sostenibles de financiamiento, incluyendo el acceso a fondos públicos.
 
Finalmente, es importante que los Estados alienten y apoyen la participación de las mujeres con discapacidad, los niños y las niñas con discapacidad, y de las personas con discapacidad pertenecientes a los grupos más desfavorecidos. Tenemos que dar respuesta a la diversidad dentro de la diversidad.
 
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La elaboración y negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tuvo una participación sin precedentes de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Gracias a esta participación contamos con uno de los tratados de derechos humanos más sólidos y modernos del Sistema de Naciones Unidas; uno que responde a las demandas y necesidades de las personas con discapacidad y, por ello, tiene un potencial único de garantizar una igualdad real en el disfrute de nuestros derechos.
 
Esta experiencia debe servir de modelo para asegurar que todos los esfuerzos por hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad sean participativos. Las personas tenemos el derecho a participar en las decisiones que afectan nuestras vidas, en particular las que conciernen al ejercicio de nuestros derechos.


 

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