Poner fin a la tutela/curatela para no dejar a nadie atrás

2019-06-04

Organiza: Misión Permanente de Costa Rica ante la ONU
Co-Organizadores: Misiones Permanentes de Perú y España ante la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Alianza Internacional sobre la Discapacidad (IDA), Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry (CHRUSP), Sociedad y Discapacidad (SODIS)
 
El derecho a la capacidad jurídica es fundamental para los derechos humanos. A menudo descrito como el "derecho a tener derechos", articula el derecho de toda persona a ser titular de derechos y obligaciones ante la ley, lo cual es una condición previa necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos humanos.
 
A lo largo de la historia, a las personas con discapacidad se les ha negado o restringido tanto el goce  como el ejercicio de la capacidad jurídica. En la mayoría de las jurisdicciones del mundo, muchas personas con discapacidad suelen ser sometidas a diferentes regímenes de sustitución en la adopción de decisiones, como la tutela o la curatela, que niegan su autonomía e independencia, comprometiendo todos los aspectos de la vida. Las personas con discapacidad bajo tutela pueden perder el control de decisiones como celebrar un contrato, votar o postularse para un cargo público, consentir o rechazar un tratamiento médico, casarse, o elegir dónde y con quién vivir.
 
Los desafíos son especialmente graves para las personas con discapacidades psicosociales e intelectuales, las personas autistas y las personas con demencia. Además, la intersección entre discapacidad y género resulta tanto en formas de discriminación agravadas como en violaciones de derechos humanos específicas contra el derecho a la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad, particularmente en el ejercicio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa un cambio de paradigma importante respecto al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. La Convención se aleja de los enfoques médicos y paternalistas hacia uno basado en los derechos humanos. Su artículo 12 defiende una visión universalista de la capacidad jurídica, reconociendo que todas las personas con discapacidad gozan de este derecho en igualdad de condiciones con las demás. Además, la Convención subraya la importancia de apoyos adecuados en la implementación real de este derecho. Estos son esenciales para ejercer la capacidad legal en lugar de estar limitados a su disfrute.
 
Desde la adopción de la Convención, varios Estados han completado o iniciado reformas legales en relación con el derecho a la capacidad jurídica como parte de sus obligaciones con la misma. Costa Rica y Perú son ejemplos notables: ambos han eliminado formalmente de sus marcos legales todas las formas de tutela y curatela de las personas con discapacidad. En 2016, Costa Rica adoptó la Ley No. 9379 para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que abolió la curatela y creó el "garante de la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad", cuya función es garantizar el pleno disfrute de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. De manera similar, en 2018, Perú adoptó el Decreto Legislativo No 1384 que reformó el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Notariado para reconocer la capacidad legal plena e igualitaria de todas las personas con discapacidad y establecer una gama de opciones para la toma de decisiones con apoyo. Ambas reformas han sido reconocidas internacionalmente como buenas prácticas en la implementación del artículo 12.
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible compromete a los Estados y otras partes interesadas a no dejar a nadie atrás, con especial atención a los ámbitos de intersección entre exclusión y discriminación. La capacidad legal está íntimamente relacionada con la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos 1 para acabar con la pobreza, el 3 (salud), el 5 (igualdad de género), el 8 (empleo), el 10 (reducción de las desigualdades), el 16 (paz y justicia), y el 17 (fortalecimiento de las asociaciones). Las personas con discapacidad se encuentran entre aquellas en más desventaja, y las personas bajo tutela o curatela son las más vulnerables entre las mismas. Sin el reconocimiento de su capacidad legal, la Agenda 2030 no se puede cumplir.
 
Objetivos del evento:
  • Discutir la eliminación de la tutela/curatela y otras formas de sustitución en la toma de decisiones como condición previa para garantizar la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad.
  • Compartir buenas prácticas de armonización legal e implementación del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
  • Explorar diferentes modelos de toma de decisiones con apoyo desde la práctica.
  • Destacar la importancia de la participación activa del movimiento de personas con discapacidad en la armonización legal.
  • Fomentar el diálogo, las alianzas y las redes de múltiples partes interesadas (incluidos los Estados, las Naciones Unidas, las organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad civil) para promover la reforma legal y la realización del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
 
Moderadora: Catalina Devandas, Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
 
Apertura:
  • Embajador Rodrigo Alberto Carazo, Representante permanente de Costa Rica ante la ONU
  • Embajador Gustavo Meza-Cuadra, Representante permanente de Perú ante la ONU
 
Panelistas:
  • Ericka Alvarez, Presidenta de la Junta Directiva del Conejo Nacional de Personas con Discapacidad de Costa Rica (CONAPDIS)
  • Darío Portillo Romero, Presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad del Perú (CONADIS)
  • Jacobo Fernández Alvarez, Subdirector General de Política Legislativa, Ministerio de Justicia de España.
  • Markus Schefer, Miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
  • Tina Minkowitz, Presidenta del Centro de Derechos Humanos de Usuarios y Sobrevivientes de Psiquiatría (CHRUSP)


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